Diócesis de Osma-Soria

La Delegación episcopal de pastoral social y penitenciaria aboga por un ingreso mínimo vital

29 de abril de 2020

Con motivo del 1 de mayo, Día internacional del trabajo, la Delegación episcopal de pastoral social y penitenciaria de la Diócesis de Osma-Soria ha abogado por la implementación de un ingreso mínimo vital, especialmente para quienes realmente lo necesiten para cubrir sus necesidades más básicas. Se sitúa, de este modo, en la misma línea del Papa Francisco quien, en un reciente mensaje a los movimientos y organizaciones populares, expresó que “tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.

Un ingreso mínimo vital garantizado, el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, la regularización extraordinaria e inmediata de los trabajadores sin papeles y un pacto de Estado que apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente son algunas de las demandas que, de cara al 1 de mayo, ha planteado la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), a la que se suma la Delegación episcopal de pastoral social y penitenciaria de la Diócesis.

El impacto mundial que la pandemia del coronavirus está teniendo sobre el trabajo “es una gran preocupación” porque las consecuencias de esta triple crisis (sanitaria, económica y laboral) “serán muy duras para todos, pero golpearán significativamente a personas con trabajos más débiles, precarios, informales, cerca o por debajo del umbral de la pobreza, agravándose la desigualdad y el empobrecimiento de millones de personas”.

Pese a que los efectos de esta crisis se notan ya con los ERTE, “la realidad es que en el mundo obrero oír hablar de precariedad no es nuevo” y esta situación “va a agudizar el problema, ya que, con datos en la mano, comprobamos que el 13% de los trabajadores son pobres”.

Desde la Diócesis se hace un llamamiento, siguiendo la estela del Papa Francisco, “para establecer un nuevo pacto global que renueve el contrato social fortaleciendo así la democracia, preserve el trabajo y nadie quede descartado -incluyendo rentas que permitan sobrevivir-, hoy con mayor necesidad por el profundo impacto del COVID-19 en el trabajo”.

Cáritas ante el virus

Desde Cáritas de Castilla y León las semanas entre el 15 de marzo y 6 de abril se han llevado a cabo 30.000 intervenciones de los distintos programas para dar respuesta a esta nueva situación en la que nos encontramos. La imposibilidad de salir a la calle o de trabajar a incrementado la precariedad.

Soria, la provincia más pequeña de España, ha sido gravemente afectada por esta pandemia. Desde Cáritas diocesana de Osma-Soria se han hecho eco de la campaña “La caridad no cierra”. Desde el programa de empleo se han llevado a cabo 54 respuestas a diferentes participantes, soportando un gasto de 809 €. Además, en los otros programas, Cáritas diocesana ha destinado más de 26.875 € desde el comienzo de la pandemia.

Aprovechando el 1 de mayo, desde Cáritas se ha querido destacar la iniciativa que ha puesto en marcha la Diócesis de Osma-Soria creando un Fondo, con un capital inicial de 125.000 € y que se abrirá en los próximos días para recibir aportaciones de la sociedad soriana, para ayudar especialmente a los trabajadores y autónomos que hayan perdido el trabajo así como para negocios familiares que se encuentren en dificultades a consecuencia de la crisis del coronavirus.

El objetivo de Cáritas es no dejar sin ayuda a los que no tienen posibilidades de recursos y seguir trabajando para aquellos que se han quedado sin trabajo.

Manifiesto ante el Primero de Mayo

Ante el 1 de mayo de 2020, Día internacional del trabajo, extraordinariamente marcado por la crisis de la pandemia, las organizaciones promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) unimos nuestras voces y fuerzas, en esta celebración del trabajo y de san José obrero, para reafirmar que el trabajo es para la vida, que debe garantizarse unas condiciones laborales que protejan la integridad física y psíquica de la persona, y favorezca su protección social, esenciales para una vida digna.

No nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, hubiera tenido un menor impacto, sin la indecente precariedad laboral, ese “virus” que caracteriza el sistema de relaciones labores, que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias; si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado con los recursos que necesitan y que fueron recortados como consecuencia de la anterior crisis financiera.

Los empleos más precarizados, como son los de personas trabajadoras del hogar y de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras, que hasta el momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo reconocimiento laboral y social, son los que en este momento de crisis sanitaria, que supone la paralización del sistema productivo y económico, se han «descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de la vida, para garantizar el bienestar de todas las personas y que no nos falten alimentos y cuidados durante el periodo de cuarentena. Pero continúan ejerciendo sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de los casos sin la protección adecuada. Amplificamos nuestro aplauso, también para estas realidades.

A ello se unen el drama del desempleo registrado, que, junto al estructural, son la punta del iceberg de una crisis del empleo mucho mayor; que no computa los trabajos no reconocidos, ni el empleo suspendido por expedientes de regulación temporal. El empleo que en primer lugar se ha destruido es el más débil, el que carece de redes de protección social. Por ello, a todas las personas que verán reducidos sus ingresos, incluso hasta límites que no garanticen el mínimo para vivir dignamente, se suman las que no cuentan con ningún tipo de protección.

Hacemos un llamamiento para que se articulen e impulsen todas las medidas necesarias evitando que esto vuelva a pasar, y para apoyar y cuidar a las personas más afectadas, especialmente a quienes están en la calle, sin techo y las que nunca reúnen los requisitos para percibir alguna renta mínima.

ITD, constituida por instituciones que acompañan a las víctimas de la precariedad, exigimos construir una red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para que nadie se quede atrás.

Necesitamos superar planteamientos individualistas y comprometernos solidariamente con la comunidad y el bien común. Valoramos el compromiso de la ciudadanía y el de tantas empresas, y subrayamos que son las Administraciones Públicas las garantes últimas del bien común de nuestra sociedad.

Desde estas constataciones, reclamamos:

  • El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa articulado que integre las políticas sociales en España.
  • El derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y de cuidados.
  • La regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las trabajadoras “sin papeles” y descartados de los derechos de ciudadanía.
  • Un pacto de Estado, entre toda la sociedad y sus instituciones que, entre otras cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente, piedra angular sobre lo que se sostiene todo lo demás.
  • El fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa.

Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en el mundo obrero y del trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero invitamos a las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración. Os invitamos a participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana.